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Impuesto municipal sobre plusvalías

Nadie deberá pagar la plusvalía municipal cuando la venta de una vivienda le haya generado pérdidas. El Tribunal Constitucional se pronunció el pasado jueves 11 de mayo en pleno sobre el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos Urbanos (IIVTU o plusvalía municipal) a nivel estatal y tumbó el impuesto municipal sobre plusvalías al entender que va contra el principio de capacidad económica tributar cuando la venta del inmueble no ha proporcionado ganancias, algo que ha sucedido de forma frecuente en los últimos años, como consecuencia de la crisis. A continuación les explicamos qué pasos deberían seguir:

Primero.- Presentar un escrito de solicitud de rectificación y devolución de ingresos indebidos ante el ayuntamiento que ha recaudado el impuesto, haciendo constar el importe que abonó. Esto pone en marcha la vía administrativa.

Segundo.-La Administración deberá darnos una respuesta y fijará un plazo para que podamos interponer un recurso de reposición y si lo permite, porque no todas las poblaciones disponen de un Tribunal Económico Administrativo municipal, una reclamación económico administrativa que deberá ser resuelta por este tribunal si lo hubiera.

Tercero.- Estos pasos agotarían la vía administrativa. Si no se ha resuelto de forma satisfactoria para nuestros intereses la reclamación, se puede iniciar un procedimiento judicial.

Pueden reclamar también quienes se vieron obligados a pagar una plusvalía tras perder el inmueble por no haber podido hacer frente al pago del préstamo hipotecario.

RECLAMACION DE GASTOS DE CONSTITUCION DE HIPOTECA

El Tribunal Supremo, en su Sentencia de 23 de diciembre de 2015, declaró nulas las cláusulas que imponen al consumidor asumir todos los gastos ocasionados para la formalización de la hipoteca, por considerarlas abusivas al ser la entidad bancaria quien tiene interés principal en la documentación e inscripción de la escritura de préstamo con garantía hipotecaria.

¿Cuáles son los gastos que se pueden reclamar?

– La factura de la Notaría en la que se suscribió la escritura del préstamo hipotecario

– El importe del Impuesto de Actos Juridicos Documentados

– Los gastos de tasación de la vivienda

– La factuta del Registro de la Propiedad relativa a la inscripción de la hipoteca

– Los gastos de la gestoría encargada de la tramitación, cuando la intervención ha sido impuesta por el banco.

¿Cuál es la vía para su reclamación?

Lo recomendable es, en primer lugar, hacer una reclamación ante el SErvicio de Atención al Cliente del Banco con quien se contrató el préstamo hipotecario, o en su caso, con la nueva Entidad con la que se haya fusionado o la haya absorbido.

Por ahora las entidades bancarias están haciendo caso omiso de estas reclamaciones, por lo que será necesario acudir a la vía judicial para su reclamación.
Póngase en contacto con nosotros si desea RECLAMAR LOS GASTOS DE CONSTITUCIÓN DE SU HIPOTECA.

El Supremo exige a la Administración que las tasaciones inmobiliarias sean individualizadas y presenciales

El Tribunal Supremo ha vuelto a reclamar a la Administración que las tasaciones inmobiliarias se lleven a cabo a partir de informes periciales individualizados y presenciales para ajustarse al valor real y evitar así que los ciudadanos se enfrenten a una “evidente situación de indefensión frente a posibles arbitrariedades o errores de los peritos”.

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo se ha pronunciado de esta forma en una sentencia que resuelve el recurso de casación para unificación de doctrina interpuesto por Gemma T.P. contra dos pronunciamientos contradictorios relativos al Impuesto de Sucesiones que se le reclamaba tras heredar unos bienes inmuebles.

En concreto, el alto tribunal anula las sentencias de 27 de enero de 2014 dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y de 25 de marzo de 2010 del Tribunal Económico Administrativo Regional de Andalucía, anulando la liquidación de 42.338,46 euros por el Impuesto de Sucesiones.

La Oficina Liquidadora de Ronda (Málaga) reclamaba a Gemma T.P. que pagara este importe tras el fallecimiento en 2001 de su tía Rafaela y, poco después, de su otra tía María. Ambas hermanas dejaron en herencia a su sobrina dos locales comerciales y dos viviendas.

El Supremo observa la contradicción de las resoluciones judiciales sin que se argumente “nada sobre el cambio de criterio” y recuerda las “numerosísimas sentencias” de la Sala de lo Contencioso-Administrativo en lo relativo a las tasaciones inmobiliarias.

“No caben las valoraciones generalizadas, sino que han de determinarse las circunstancias físicas y jurídicas que individualmente concurren en el objeto de comprobación”, recuerda la Sala aludiendo a otra sentencia de 26 de noviembre de 2015.

COMPROBACION DE VALORES Y RECURSOS CONTRA LAS LIQUIDACIONES DE LA XUNTA DE GALICIA.

En el DOGA de 30 de junio de 2015 se publicó la “ORDEN de 29 de junio de 2015 por la que se aprueban los coeficientes aplicables al valor catastral para estimar el valor real de determinados bienes inmuebles urbanos para los efectos de la liquidación de los hechos imponibles del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y del impuesto sobre sucesiones y donaciones, se establecen las reglas para su aplicación y se publica la metodología seguida para su obtención.”
La gran “novedad” de esta Orden es el regreso al método de cálculo multiplicador catastral de valoración inmobiliaria, que se aplicará a inmuebles de naturaleza urbana cuyo devengo se produzca a partir del 1 de julio de 2015 inclusive.
Los de naturaleza rústica seguirán siendo calculado por los precios medios publicados en la Orden de 29 de diciembre de 2014.
Reglas para la aplicación de los coeficientes y efectos:
1.La comprobación del valor se realizará aplicando los coeficientes aprobados al valor catastral actualizado a la fecha del devengo del impuesto.
2.Cuando el precio o contraprestación pactada o el valor declarado por el contribuyente sean iguales o superiores al valor estimado en aplicación de los coeficientes aprobados, prevalecerá el mayor y no se procederá a la comprobación de valores.
3.La Administración tributaria no podrá proceder a la comprobación de valor por otro medio cuando el obligado tributario hubiera declarado el valor resultante de los coeficientes recogidos en la presente orden. No obstante, podrá comprobar la correcta aplicación de los coeficientes, la veracidad y exactitud del precio o contraprestación pactada, así como la correspondencia de las características catastrales consideradas al determinar el valor catastral en la fecha de devengo, con las características físicas, económicas y legales reales del inmueble a valorar.”

Nuestra Comunidad Autónoma venía utilizando con anterioridad, para la valoración de determinados bienes inmuebles urbanos y rústicos, el medio consistente en precios medios de mercado a que alude el artículo 57.1.c) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria, con un gran número de resoluciones anulatorias en el Tribunal Económico-administrativo que obligaban a una visita física del perito de la administración.
El régimen de recursos frente a liquidaciones de la Xunta basadas en diferncias de valoración seguirá siendo el mismo, alegaciones, recurso de reposición y Recurso económico-administrativo, con suspensión del pago sin garantía en caso de reserva de la tasación pericial contradictoria.

Los titulares de bonos convertibles del Popular perderán el 81% de su inversión.

En el año 2009, el Banco Popular comercializó los Bonos Subordinados Necesariamente Canjeables por acciones I/2009, y en 2012, la nueva emisión de bonos a los que llamaron Bonos Subordinados Obligatoriamente Convertibles II/2012.Los inversores han tenido que aceptar la conversión obligatoria el pasado día 25/11/2015.Para recuperar su inversión deben acudir a la vía judicial, ya que los Tribunales fallan en sentido favorable, estimando las demandas de los inversores y obligando a las partes a restituirse las prestaciones.

SERVICIO DE AUDITORIA INMOBILIARIA.

Antes de firmar la escritura de compraventa ante el Notario es imprescindible comprobar la situación jurídica y urbanística de la vivienda o local que se pretende adquirir.
A fin de facilitar al comprador la comprobación jurídica se facilita el servicio de AUDITORIA INMOBILIARIA, que además de proporcionar tranquilidad permitirá obtener mejor financiación.
El comprador tiene derecho a informarse y la parte vendedora tiene la obligación de informarle.
Si existen cargas sobre la vivienda, habrá que exigir al vendedor que con carácter previo a la firma se ponga al corriente de pago o por el contrario descuente el importe pendiente de pago del precio de venta.
Algunas comprobaciones imprescindibles.
1.-Solicitud de Nota Simple o Certificación de dominio y cargas en el Registro de la Propiedad y copia autorizada de la Escritura Pública de adquisición si es una vivienda de segunda mano.
Nos proporciona información sobre la titularidad, es decir si el que vende es el propietario del 100% del pleno dominio, y sobre las hipotecas o embargos que en su caso pudieran gravar la finca.
2.- Si existen ocupantes o arrendatarios, debemos consultar el contrato de arrendamiento, plazos, vencimientos, derecho de adquisición preferente del inquilino.
3.- Si la vivienda está sometida a algún régimen de protección, pues en ese caso dependiendo del plazo habrá de comunicarse al organismo correspondiente y el precio estará limitado.
4.- Régimen de propiedad horizontal, es decir qué gastos asume la vivienda, y sobre todo si se han acordado pagos extraordinarios que nos vinculen. O si existen deudas con la Comunidad.
5.- Recibos de IBI y otros de los últimos cuatro años abonados.
6.- En obra nueva, libro del edificio, copia del seguro decenal, licencia de primera ocupación.
7.- Situación urbanística. Consulta en Gerencia Municipal de urbanismo sobre la existencia de expediente de reposición de la legalidad u ordenes de ejecución. Examinar la posible situación en fuera de ordenación o inclusión en ámbitos de planeamiento secundario.
8.- Certificaciones energéticas y expedientes de ITE en su caso.

El TC declara la inconstitucionalidad parcial de la reforma de la Ley de Costas aprobada en 2013

TC, Pleno, S 5 Nov. 2015, rec. 5012/2013

El Pleno del TC ha estimado parcialmente el recurso de inconstitucionalidad planteado por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados contra la Ley 2/2013, de protección y uso sostenible del litoral (LA LEY 8265/2013) y de modificación de la Ley 22/1988, de Costas (LA LEY 1531/1988), y ha declarado inconstitucionales y nulos los siguientes preceptos: el art. 1.39, en cuanto introduce un nuevo ap. 5 en la disp. trans. 1.ª de la Ley de Costas; los aps. 1, 2 y 4 de la disp. adic. 4.ª, y la disp. adic. 9.ª. Además, declara que la disp. adic. 7.ª y, por conexión, el Anexo de la Ley 2/2013, no son inconstitucionales siempre que se interpreten en los términos que señala.
Admite el Pleno que es posible una interpretación conforme con la CE de la disp. adic. 7.ª de la Ley 2/2013 y, por conexión, de su Anexo. Indica que el recto entendimiento de acuerdo con la CE de esta disposición, según la cual se excluyen del dominio público marítimo-terrestre los terrenos correspondientes a los núcleos de población que se enumeran en el Anexo, permite considerar que sus consecuencias jurídicas no se extienden a la regulación del completo régimen jurídico que deriva de que esos núcleos de población han perdido las características naturales que determinaron su inclusión en el dominio público marítimo-terrestre en virtud de deslindes anteriores. Remarca que, por el contrario, su virtualidad radica en la identificación, ope legis, de unos terrenos que notoriamente han perdido por obra de la acción del hombre las características de dominio público natural, excluyéndose la necesidad de esa justificación, siendo sólo el presupuesto para la iniciación del expediente que, en su caso, puede terminar con su desafectación.

Nuevo procedimiento de aplicación para participar en las subastas electrónicas

Real Decreto 1011/2015 de 6 de noviembre, por el que se regula el procedimiento para formalizar el sistema de consignaciones en sede electrónica de las cantidades necesarias para tomar parte en las subastas judiciales y notariales.

Este procedimiento será de aplicación a quienes vayan a participar en las subastas electrónicas acordadas en los procedimientos o expedientes judiciales o notariales.
Entrada en vigor
El 8 de noviembre de 2015, al día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
Finalidad de la Norma
Este real decreto tiene por objeto la regulación del procedimiento de constitución, gestión y devolución, cuando proceda, por vía telemática de los depósitos exigidos por la normativa vigente para participar en las subastas electrónicas.

Contenido más relevante
-Se establece un procedimiento ágil y accesible para constituir, gestionar y, cuando proceda, devolver por vía telemática los depósitos exigidos para participar en todas las subastas judiciales y notariales que se realizarán en sede electrónica (on-line) a través de un portal único dependiente de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.
-Afecta a todas las subastas notariales y judiciales, ya sean voluntarias (a petición de los propios propietarios para para conseguir la venta del bien y obtener un mejor precio), o ejecutivas (para cubrir con el importe obtenido las deudas de su propietario), y a toda clase de bienes subastados, tanto inmuebles como muebles o semovientes, incluidos los que hubieran sido hipotecados.
-Compete al letrado de la Administración de Justicia o el notario ya que de ellos dependerá su inicio, anuncio y publicación, así como su suspensión o reanudación cuando proceda.

VENTA DE UN BIEN INMUEBLE CON PÉRDIDA PATRIMONIAL A EFECTOS DE OTROS TRIBUTOS

VENTA DE UN BIEN INMUEBLE CON PÉRDIDA PATRIMONIAL A EFECTOS DE OTROS TRIBUTOS
Para el cálculo de la cuota tributaria a pagar por el IVTNU, (la llamada plusvalía municipal) no se están considerando variables como la diferencia entre el precio de compra y el de venta a pesar de que en los últimos años muchos inmuebles se han devaluado, por lo que en el momento de la venta se produce una pérdida patrimonial a efectos de otros tributos, y sin embargo, a pesar de existir este menoscabo, se da la paradoja que los contribuyentes tienen que abonar elevados importes económicos por la liquidación del IVTNU de la transmisión de estos inmuebles. Ante esta situación se ha planteado a los tribunales de nuestro país numerosas reclamaciones,:
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cataluña de fecha 21 de marzo de 2012, establecía la posibilidad de que los contribuyentes han de tener la posibilidad de probar el incremento de valor real y con más razón, la inexistencia del mismo hecho. Este último, que dará lugar a la anulación de la liquidación del pago de este impuesto ante la falta de hecho imponible, doctrina asumida por las sentencias de TSJ de Madrid de 11 de diciembre de 2013 y la del TSJ de Cataluña de 18 de Julio 2013.
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 18 de julio de 2013, Sentencia número 805/2013, establece que se debe dar primacía al art. 104 LHL referente a que la llamada «plusvalía municipal» es un tributo directo que grave un incremento real para el contribuyente frente al art. 107 LHL, que lo configura como un tributo autónomo, sin relación a la riqueza generada por esa transmisión efectuada por parte del contribuyente.